Analizamos el futuro del decreto que limita el acceso a la ciudadanía iure sanguinis con tres abogados de Italia, abordando los posibles escenarios y los cuestionamientos legales que podrían surgir.
Tras el anuncio y la publicación en la Gazzetta Ufficiale del decreto ley que restringe el acceso a la ciudadanía iure sanguinis (por derecho de sangre) la cuestión de fondo ahora es qué ocurrirá con la norma, que debe ser examinada por el Parlamento para su conversión en ley.
La noticia ha generado sorpresa en países con una gran comunidad de descendientes italianos, donde nadie imaginaba un decreto de estas características. También en Italia, donde desde diversos sectores han cuestionado la medida, a la espera de conocer cómo avanzará la norma.
El decreto ley n. 36, -que introduce modificaciones y restringe el acceso generacional a la ciudadanía «iure sanguinis»- fue anunciado por el vicepremier y canciller Antonio Tajani. A partir de ahora, serán automáticamente ciudadanos italianos desde el nacimiento los descendientes de hasta segunda generación, es decir, quienes tengan al menos un padre o abuelo nacidos en Italia. La norma afecta a quienes no habían iniciado el trámite para obtener el reconocimiento antes de las 23:59 del 27 de marzo de 2025 (horario Roma).
Los cambios que trajo el decreto
Antes de la nueva normativa no existía un límite generacional. Así, lo que se solicitaba era el reconocimiento de la ciudadanía, basado en el principio del «ius sanguinis», que dice que el hijo de padre o madre italianos adquiere la ciudadanía por nacimiento, conforme al artículo 1 de la Ley nº 91/92.
Según cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero han aumentado de 4,6 millones a 6,4 millones: un incremento del 40 % en 10 años. En ese marco, Argentina pasó de aproximadamente 20,000 solicitudes de ciudadanía iure sanguinis en 2023 a 30,000 reconocimientos en 2024. En el caso de Brasil, las cifras aumentaron de más de 14,000 en 2022 a 20,000 en 2024. Por su parte, Venezuela registró cerca de 8,000 reconocimientos en 2023.
El proceso legislativo
Pero, ¿qué significa este nuevo decreto y cuáles son los puntos que se cuestionan? Alessandro Gravante, abogado y socio del despacho Giambrone & Partners, ha explicado a Todo sobre Italia que un decreto ley es una herramienta legislativa que permite aplicar ciertas decisiones de manera inmediata, y que, por su propia naturaleza, debe convertirse en ley en un plazo de 60 días. Puede ser aprobado tal como está o con modificaciones, de lo contrario, perdería su eficacia. «Ya se están discutiendo posibles enmiendas, incluso propuestas por miembros de la misma mayoría parlamentaria que aprobó este decreto», ha señalado.
La abogada Sandra Ramajo Navarro, titular del despacho Ramajo Legal, también ha subrayado que este tipo de medida se utiliza en situaciones de emergencia, en las cuales el Consejo de Ministros no necesita pasar por el Parlamento. Sin embargo, ha considerado que, en este caso, no es el instrumento jurídico adecuado. «Hace años que Tajani presenta propuestas de ley que ni siquiera se han debatido. Ahora ha recurrido a esta medida, que carece de sentido. El decreto está operativo hasta que el Parlamento decida si convertirlo en ley, modificarlo o dejarlo sin efecto, en cuyo caso decaería», expone.
«El decreto está operativo hasta que el Parlamento decida si convertirlo en ley, modificarlo o dejarlo sin efecto, en cuyo caso decaería»
Sandra Ramajo Navarro, Ramajo Legal
El planteo de la inconstitucionalidad
Ramajo cree que es poco probable que la oposición convalide y apruebe el decreto tal como está, ya que –considera– presenta cuestiones inconstitucionales. En la misma línea, Gravante ha destacado que «hay una clara inconstitucionalidad en la aplicación retroactiva». «El decreto fue emitido el 28 de marzo y publicado en el boletín oficial. Normalmente, los decretos entran en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 29 de marzo. Pero en este caso, se estableció que se aplicaría a los recursos introducidos después del 27 de marzo a las 23:59», explica.
Según el abogado esta disposición contradice principios constitucionales básicos. «Claramente el Gobierno lo hizo para evitar que abogados como nosotros y muchos otros colegas presentaran recursos antes de la entrada en vigor de la nueva normativa», afirma.
Un derecho subjetivo y permanente
Otro de los aspectos que cuestiona el letrado es que la norma haya sido emitida junto con el decreto 37 sobre inmigración. Para Gravante, «han hecho una especie de paquete sobre inmigración, generando confusión».
«Algunos políticos han declarado que es necesario frenar la mercantilización de la ciudadanía, como si todas las personas que legítimamente solicitan el reconocimiento de su ascendencia italiana estuvieran haciendo algo ilegal. Desde nuestro punto de vista esto es gravísimo, porque han equiparado el legítimo ejercicio de un derecho constitucional –un derecho que se considera subjetivo y permanente– y lo han asociado con prácticas de dudosa legalidad. Es evidente que existe un impacto económico, pero estamos hablando de personas que tienen pleno derecho a que se reconozca su ciudadanía italiana. Y ahora están siendo comparadas con inmigrantes que buscan un atajo para obtener la ciudadanía», subraya.
Además, ha opinado que se podrían haber tomado otras medidas, en lugar de un decreto que bloquea el acceso a la ciudadanía. «Existen instrumentos para garantizar un mayor vínculo con Italia sin necesidad de una medida tan drástica», señala.
«Han equiparado el legítimo ejercicio de un derecho constitucional –un derecho que se considera subjetivo y permanente– y lo han asociado con prácticas de dudosa legalidad»
Alessandro Gravante, abogado y socio Giambrone & Partners
Antecedentes al decreto n.36
Gravante se ha referido, asimismo, a las recientes medidas en materia de ciudadanía, como antecedentes del decreto publicado. «Desde enero ha entrado en vigor una nueva norma que viola principios constitucionales. Antes del 31 de diciembre de 2024, la tasa judicial unificada que se pagaba al tribunal era única por proceso, incluso cuando había múltiples solicitantes. Pero desde el 1 de enero, el Gobierno ha decidido que cada solicitante debe pagar su propia tasa unificada, lo que implica un costo de 600 euros por persona», explica.
El abogado ha calificado esta medida de «peculiar», ya que, a diferencia de otros procedimientos judiciales, como una demanda de indemnización, donde dos personas pueden presentar su caso juntas y pagar una única tasa, en el caso de la ciudadanía, se exige un pago individual por cada solicitante. Esta nueva disposición representa, en su opinión, una discriminación para aquellos que solicitan la ciudadanía italiana, en comparación con otros trámites judiciales. «Ha sido un proceso progresivo de aumento de los costos para los solicitantes», sostiene.
Enmiendas y recursos ante los tribunales
Stefano Belardini, abogado en Roma especializado en derecho de inmigración y ciudadanía italiana iure sanguinis, así como miembro fundador de la Asociación AGIS (Associazione Giuristi Iure Sanguinis), considera que el problema más grave de la normativa, entre otros, es su efecto retroactivo.
«Hasta ahora, según la Ley 91 de 1992, quien naciera antes del 27 de marzo de 2025 era considerado ciudadano italiano – así lo establece la ley sobre la ciudadanía. Todos los ciudadanos solo debían ejercer este derecho. Sin embargo, este decreto afirma que ya no se es ciudadano, a pesar de que una ley vinculante establece la ciudadanía desde el nacimiento. Se trata de un derecho absoluto, imprescriptible y exigible en cualquier momento, como ha reiterado en varias ocasiones la Corte de Casación, incluso en sus Secciones Unidas. Por lo tanto, esto representa una base sólida para presentar nuevos recursos y plantear una cuestión de constitucionalidad».
En este sentido, el abogado Belardini explica que, como asociación, están preparando recursos para impugnar la constitucionalidad del decreto. «Hemos consultado a un abogado constitucionalista para analizar la cuestión y destacar los numerosos aspectos de inconstitucionalidad del decreto. Además, estamos redactando una enmienda que presentaremos en las próximas fases, dentro de 60 días, para solicitar la modificación del decreto en proceso de aprobación. No es en absoluto seguro que en la ley de conversión se acepte automáticamente nuestra solicitud de eliminar el principio de retroactividad, pero también propondremos diversas alternativas para lograr modificaciones sustanciales», subraya.
«Este decreto afirma que ya no se es ciudadano, a pesar de que una ley vinculante establece la ciudadanía desde el nacimiento. Se trata de un derecho absoluto, imprescriptible y exigible en cualquier momento»
Stefano Belardini, miembro fundador de la Asociación AGIS
¿Qué puede suceder con el decreto ley?
Una vez que el decreto sea examinado por las Cámaras, el Parlamento italiano deberá decidir si lo convierte en ley, lo modifica o lo rechaza. «Cuando se apruebe la ley de conversión, si se confirma la retroactividad, prepararemos cuestiones de constitucionalidad para presentar ante el juez, quien analizará cada caso individual de recurso por la ciudadanía y evaluará si las cuestiones constitucionales planteadas no son infundadas; en tal caso, deberá remitir la cuestión al Tribunal Constitucional», adelanta Belardini.
Para Alessandro Gravante es muy probable que el decreto sea modificado durante el proceso de conversión en ley. Sin embargo, considera que el problema principal no es sólo su contenido, sino el mensaje que transmite y sus implicancias prácticas. Además, opina que la norma es un reflejo de la incapacidad de los consulados italianos para gestionar las solicitudes de ciudadanía.
«Este nuevo decreto le quita a los consulados la tarea de verificar los requisitos de ciudadanía, concentrando todo en una oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores, que obviamente colapsará. Si ya los consulados, que están distribuidos por todo el mundo, no son capaces de gestionar todas las solicitudes de ciudadanía, imaginemos cómo un único despacho en Roma podrá manejar todas estas solicitudes, que, de todos modos, seguirán llegando», sostiene el letrado. “Todas estas medidas demuestran la incapacidad del Gobierno italiano para gestionar esta gran cantidad de solicitantes, y por ello han considerado que era más fácil eliminar a la platea», añade.
«Si ya los consulados, que están distribuidos por todo el mundo, no son capaces de gestionar todas las solicitudes de ciudadanía, imaginemos cómo un único despacho en Roma podrá manejar todas estas solicitudes, que, de todos modos, seguirán llegando»
Alessandro Gravante, abogado y socio Giambrone & Partners
Un cambio de postura inesperado e inaceptable
Belardini también subraya la falta de transparencia en la aprobación del decreto: «Nadie esperaba esta medida. Se introdujo sin ningún previo aviso, a pesar de que, además, Meloni, en plena campaña electoral, prometió exactamente lo contrario, es decir, proteger el ius sanguinis, las raíces de los italianos en el extranjero y los derechos de los descendientes como parte del patrimonio cultural de Italia», señala.
Para el abogado, se trata de un cambio de postura inesperado e inaceptable. «Precisamente bajo estos supuestos, los descendientes han invertido recursos, tiempo y dinero en la búsqueda de la documentación necesaria para demostrar su ascendencia italiana. Ahora no solo se encuentran con la imposibilidad de obtener la ciudadanía italiana, sino que también han perdido grandes sumas de dinero en documentos, consultores y empresas de servicios que legítimamente se encargaban de la investigación documental, su traducción y apostillado», destaca.
«Nadie esperaba esta medida. Se introdujo sin ningún aviso previo, a pesar de que, además, Meloni, en plena campaña electoral, prometió proteger las raíces de los italianos en el extranjero y los derechos de los descendientes como parte del patrimonio cultural de Italia»
Stefano Belardini, miembro fundador de la Asociación AGIS
Asimismo, resalta los esfuerzos de la Asociación AGIS para introducir modificaciones. «Somos una parte activa en estos cambios, presentando enmiendas que también sirvan como advertencia al Parlamento: si esta ley se aprueba, será completamente inconstitucional», asegura. Y concluye: «Estamos trabajando para garantizar que los derechos de los ítalo-descendientes sean protegidos de la mejor manera posible. Por ahora, la mejor estrategia no es presentar los recursos ante el Tribunal, sino luchar y esperar la ley de conversión».
Leggi in italiano: Cosa succederà con il decreto che restringe la cittadinanza per discendenza?
