El máximo tribunal deberá ahora decidir sobre la constitucionalidad del decreto Tajani, cuyo fallo podría tener impacto global sobre el iure sanguinis.
Un año después de la aprobación del llamado «decreto Tajani», que introdujo límites al acceso a la ciudadanía italiana por derecho de sangre, la Corte Constitucional de Italia celebró este miércoles 11 de marzo una audiencia clave que podría redefinir el futuro del reconocimiento de la ciudadanía para millones de descendientes de italianos en el exterior.
La audiencia pública comenzó a las 9.30 (hora de Italia), como estaba previsto, en la sede de la Corte Constitucional, en Roma. El tribunal analiza la constitucionalidad de una norma introducida por el llamado “decreto Tajani”, posteriormente convertido en la Ley 74/2025, que establece límites al reconocimiento de la ciudadanía italiana por iure sanguinis —es decir, por descendencia— incluso para personas nacidas en el extranjero antes de la entrada en vigor de la medida. La cuestión llegó al máximo órgano de control constitucional del país tras ser planteada por el Tribunal de Torino.
Tras una breve presentación del caso y de los puntos en debate, se le concedió la palabra al abogado Marco Mellone, defensor de dos italoargentinos de Campobasso que solicitó intervenir en el proceso a último momento. Mellone pidió presentar su intervención, pero la Corte, tras debatir la cuestión, decidió rechazarla.
La defensa cuestionó la retroactividad del decreto Tajani
A continuación expusieron los cuatro abogados de la defensa privada y luego intervino el representante de la Avvocatura dello Stato. El primero en tomar la palabra fue el abogado Giovanni Bonatto.
«Las personas nacidas en el extranjero que poseen otra ciudadanía siguen siendo italianas en cuanto pertenecen y participan en nuestra comunidad, una comunidad abierta al pluralismo, que protege a las minorías y refleja una base cultural común», sostuvo Bonatto.
El abogado remarcó además que la medida en discusión no implica un ajuste económico ni una modificación administrativa menor. «No se trata de la reducción de una prestación económica ni del empeoramiento de una pensión. Lo que se está logrando con el Decreto 36 es la eliminación de un derecho fundamental: el derecho a la ciudadanía, que constituye un elemento esencial de la persona humana», afirmó.
Bonatto también cuestionó con dureza la retroactividad del decreto, que calificó de «irrazonable y desproporcionada».
“Después del 28 de marzo, nuestra ciudadanía está en riesgo. Podemos acostarnos hoy como italianos y despertarnos mañana como extranjeros, quizá por no haber cumplido una obligación retroactiva o por no haber realizado una conducta que fue impuesta posteriormente. ¿Quién sabe? Algún día el gobierno podría adoptar nuevas medidas de desnacionalización y reducir la población italiana a su antojo, seleccionando así ‘buenos ciudadanos’ y ‘buenos votantes’”, advirtió. Y concluyó: «Si no se elimina la retroactividad del decreto, nuestra ciudadanía nunca estará verdaderamente segura».
Qué cambió con el decreto Tajani
La decisión que adopte la Corte podría tener consecuencias directas para millones de descendientes de italianos que viven fuera de Italia, especialmente en países de América Latina como Argentina y Brasil, donde las comunidades de origen italiano son particularmente numerosas.
Durante décadas, Italia mantuvo un sistema de reconocimiento de ciudadanía por descendencia basado en el principio del iure sanguinis, que permitía a los descendientes de italianos obtener la ciudadanía sin límite generacional, siempre que pudieran demostrar la línea de sangre.
El decreto aprobado en 2025 introdujo un cambio significativo al establecer un límite generacional, restringiendo el reconocimiento principalmente a hijos y nietos de ciudadanos italianos. La reforma dejó fuera a bisnietos y a generaciones posteriores que hasta entonces podían solicitar el reconocimiento.
La medida generó un fuerte debate jurídico y político, así como numerosos recursos judiciales presentados en distintos tribunales italianos.
Entre las críticas más frecuentes a la norma se encuentran la discriminación dentro de una misma familia, en casos en los que algunos miembros obtuvieron la ciudadanía antes del cambio normativo y otros quedaron excluidos, la posible violación del principio de igualdad, al tratar de forma diferente a descendientes con el mismo origen y la retroactividad de la ley, que podría afectar derechos adquiridos;
Los recursos judiciales y la intervención de la Corte
Tras la aprobación de la ley, distintos tribunales comenzaron a recibir recursos presentados por descendientes de italianos que quedaron fuera del nuevo sistema. En el caso analizado por la Corte Constitucional, el Tribunal de Torino consideró que existían dudas relevantes sobre la compatibilidad de la norma con la Constitución italiana y decidió elevar la cuestión al tribunal constitucional para que se pronuncie.
Mientras tanto, muchos de los procesos judiciales iniciados en Italia permanecen a la espera de la decisión de la Corte. La abogada Sandra Ramajo Navarro, que ejerce desde hace más de 13 años en Italia y es directora del estudio jurídico Ramajo Legal, explicó a Todo sobre Italia que el fallo será determinante para todos esos casos.
«Si la Corte Constitucional declara la norma inconstitucional, ningún juez podrá aplicarla. Será como si esa normativa desapareciera del ordenamiento jurídico», señaló durante un vivo realizado con esta web. En ese escenario los tribunales deberían volver a aplicar la normativa anterior. «Todos los recursos que ya se han presentado quedarían salvados, porque los jueces estarán obligados a aplicar lo que establezca la Corte Constitucional», señaló.
Escenarios posibles en la Corte Constitucional sobre el decreto Tajani
La Corte Constitucional podría adoptar diferentes decisiones:
1. Declarar la ley inconstitucional
Si el tribunal considera que la norma viola la Constitución italiana, el límite generacional quedaría sin efecto. En ese caso, los jueces deberían volver a aplicar el sistema anterior de ciudadanía por descendencia.
2. Declarar la ley parcialmente inconstitucional
La Corte también podría considerar que solo algunos aspectos de la normativa son incompatibles con la Constitución. Por ejemplo, podría cuestionar la retroactividad de la ley o determinados límites introducidos por el decreto. En ese caso, la norma podría mantenerse en vigor pero con modificaciones o con la obligación de que el Parlamento apruebe una nueva regulación que respete los principios constitucionales.
3. Rechazar la cuestión de constitucionalidad
La Corte podría determinar que el decreto es compatible con la Constitución. En ese escenario, el límite a la ciudadanía por descendencia permanecería vigente.
4. Declarar improcedente la cuestión
Otra posibilidad es que la Corte considere que el caso elevado por el Tribunal de Torino no es el adecuado para resolver la cuestión constitucional. En ese escenario, otro tribunal podría volver a plantear el tema en el futuro.
Qué podría hacer el gobierno italiano
En caso de que la Corte declare la norma total o parcialmente inconstitucional, el gobierno italiano aún podría intentar impulsar una nueva reforma legislativa para modificar el sistema de reconocimiento de la ciudadanía por descendencia.
Sin embargo, cualquier nueva normativa debería ajustarse a los límites establecidos por la sentencia del tribunal constitucional y respetar los principios constitucionales que la Corte considere vulnerados.
Cuándo se conocerá la sentencia
La audiencia del 11 de marzo marca el inicio de la deliberación del tribunal, pero la decisión final no suele conocerse de inmediato. En general, la Corte Constitucional publica sus sentencias semanas o incluso meses después de la audiencia, una vez concluido el proceso de deliberación y redacción del fallo.
Hasta entonces, muchos de los procesos judiciales relacionados con la ciudadanía por descendencia permanecerán en suspenso a la espera de la decisión del tribunal.
Cómo seguir la audiencia del 11 de marzo sobre la ciudadanía
Es importante mencionar que el público general no puede ingresar al aula principal de la Corte, solo los abogados involucrados y asociaciones acreditadas, como AGIS. La Corte habilita salas adicionales donde se retransmite la audiencia para los asistentes autorizados.
Los resúmenes y análisis de la audiencia se publicarán posteriormente en medios especializados y en las redes sociales de los abogados y asociaciones que participaron del proceso. La audiencia se puede seguir en vivo desde este enlace https://vimeo.com/event/5767264
Un debate que trasciende Italia
El debate sobre el iure sanguinis no solo tiene implicancias jurídicas, sino también históricas y culturales. Millones de descendientes de italianos viven hoy fuera del país, especialmente en América Latina, resultado de las grandes oleadas migratorias italianas de los siglos XIX y XX.
En Argentina, por ejemplo, se estima que más de la mitad de la población tiene algún grado de ascendencia italiana, lo que explica el fuerte interés por el reconocimiento de la ciudadanía.
Para muchos descendientes, el acceso a la ciudadanía representa no solo un vínculo legal con Italia, sino también una conexión con la historia familiar y la identidad cultural transmitida a lo largo de generaciones.
Por eso, la audiencia del 11 de marzo es considerada por muchos especialistas como un momento decisivo en el debate sobre el futuro de la ciudadanía italiana por descendencia.
La decisión de la Corte Constitucional podría redefinir las reglas del ius sanguinis y marcar el rumbo del vínculo entre Italia y su diáspora en los próximos años.
