La abogada Sandra Ramajo Navarro analiza el impacto del primer pronunciamiento de la Corte Constitucional y de los próximos procesos judiciales sobre la ciudadanía italiana iure sanguinis.
A distancia de un año de la famosa rueda de prensa del Ministro italiano Antonio Tajani, del 28 de marzo, otro comunicado de prensa, difundido este pasado jueves, vuelve a sacudir la comunidad de ítalo descendientes de todo el mundo.
Pero esta vez el comunicado no proviene del Gobierno del «Bel Paese», sino del Alto Tribunal que se encarga de vigilar que las leyes del Estado sean conformes a la Constitución y que los derechos reconocidos y garantizados constitucionalmente por la «Repubblica» no sean vulnerados.
Contra toda expectativa, solo pocas horas después de la vista oral que se realizó el día 11 de marzo, la Corte Costituzionale, en su composición colegial de 14 jueces (con la abstención del 15° juez, Massimo Luciani), comunicó que ya había llegado a un veredicto.
La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juez del Tribunal de Torino, respecto al Decreto Ley 36 del 2025, convertido con la Ley 74 del 2025, ha sido rechazada, por ser considerada en parte inadmisible y en parte infundada, por motivos que solo se podrán conocer con la efectiva emisión de la sentencia, que se espera sea publicada en las próximas semanas.
El comunicado sorprende no solo por su contenido, sino por ser totalmente inesperado, ya que la praxis de dicha Corte no suele contemplar la emisión de este tipo de comunicados.
El comunicado sorprende no solo por su contenido, sino por ser totalmente inesperado, ya que la praxis de dicha Corte no suele contemplar la emisión de este tipo de comunicados.
El referéndum constitucional de marzo
Cabe entonces preguntarse por qué la Corte decidió emitir un comunicado justo en esta ocasión, a qué necesidades responde el mismo, sobre todo en vista del actual contexto político italiano, a las puertas del próximo referéndum constitucional confirmativo, que llama a las urnas a todos los italianos este 22 y 23 de marzo, para decidir sobre la debatida cuestión de la separación de las carreras de jueces y fiscales.
Por qué la Corte decidió emitir un comunicado justo en esta ocasión, sobre todo en vista del actual contexto político italiano, a las puertas del próximo referéndum constitucional confirmativo
Mientras tales dudas quedarán seguramente sin respuesta, ahora lo que más preocupa es conocer cuanto antes los fundamentos de derecho del fallo, que parece apartarse inexplicablemente de la jurisprudencia consolidada en materia de adquisición y reivindicación de la ciudadanía italiana iure sanguinis, desarrollada tanto por la Corte di Cassazione como por la Corte Costituzionale, la cual, recordemos, la ha recientemente validada y citada en la sentencia n. 142 del 2025, donde remarcó que el status civitatis adquirido por derecho de sangre es de carácter permanente e originario.
Próximas citas judiciales clave
Analizar dichos argumentos y motivaciones es esencial para poder valorar el impacto efectivo de la decisión de la Consulta respecto al Caso de Torino, sobre todo a la luz de las próximas citas ante la Corte di Cassazione y ante la misma Corte Costituzionale, previstas respectivamente para los días 14 de abril y 9 de junio.
A su vez, preocupan mucho las consecuencias inmediatas que el comunicado podría provocar en los procedimientos judiciales presentados después del 28 de marzo, post Decreto Tajani, sobre todo en aquellos que ya tienen programadas audiencias en breve, siendo en tales casos fundamental solicitar un aplazamiento en vista de la próxima cita ante la Corte Costituzionale, sin dejar contemporáneamente de perseguir otras vías adicionales que puedan elevar la cuestión a un ámbito supranacional.
Preocupan mucho las consecuencias inmediatas que el comunicado podría provocar en los procedimientos judiciales presentados después del 28 de marzo, post Decreto Tajani, sobre todo en aquellos que ya tienen programadas audiencias en breve.
Sobre la autora
Sandra Navajo Navarro es abogada con más de 13 años de experiencia profesional ejerciendo en Italia y España. Su práctica se centra en el asesoramiento jurídico a empresas y particulares en asuntos con dimensión transfronteriza entre ambos países. Es fundadora de Ramajo Legal International Law Firm y miembro de Inlaw Alliance of Law Firms, de AGIS, organización dedicada al estudio y defensa jurídica de la ciudadanía italiana por descendencia, y referente de la provincia de Latina en AIAF Lazio, asociación italiana de abogados especializada en derecho de familia y menores.
